Protección a las familias y colectivos vulnerables

Alberto Peña Torrecilla 13 de abril de 2020 Consumo Familia Varios Covid-19 Ningún comentario

El Real Decreto Ley 11/2020 establece nuevas medidas en relación a la protección a las familias y colectivos vulnerables

A) Arrendamientos urbanos

– Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Una vez levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento en caso de arrendatarios en situación de vulnerabilidad.

– Los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuya duración se extinga desde la declaración del estado de alarma y hasta dos meses después de su terminación, se prorrogarán a voluntad del arrendatario vulnerable hasta un máximo de seis meses más.

– Moratoria de la deuda arrendaticia para las personas en situación de vulnerabilidad por la epidemia y que no tengan alternativa habitacional, mientras dure el estado de alarma o persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses.

– Se suspenden los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma.

– Se implanta la renovación automática de todos los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma, mediante una prórroga de seis meses en las mismas condiciones.

– Para los arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador sea un gran tenedor de vivienda (más de diez inmuebles), tanto público como privado, incluido el Fondo Social de Vivienda de las entidades financieras, se aplicará una quita de la mitad de las cuotas no pagadas o se reestructurará la deuda para que pueda ser pagada en un plazo de tres años sin intereses.

– En el caso de los demás arrendadores, el inquilino en situación vulnerable podrá solicitar el aplazamiento y si el arrendador no lo acepta podrá acceder a un programa de ayudas sin coste y con el aval del Estado con el que pagar al propietario hasta seis mensualidades para devolverlo en un plazo de diez años.

B) Programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata.

– Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos.

C) Aspectos de la moratoria hipotecaria:

– El plazo de suspensión pasa de uno a tres meses.

– Bastará con una declaración responsable para acreditar la vulnerabilidad.

– Todos los pagos restantes se posponen durante el mismo plazo.

– Se añade a los autónomos entre los beneficiarios, teniendo la consideración de empresarios y profesionales las personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley del IVA.

D) Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin Garantía hipotecaria

– Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16.

– Las medidas afectan también a fiadores y avalistas

E) Suministros:

Se prohíbe la suspensión de los suministros energéticos y de agua a todos los hogares, no solo a los vulnerables, por motivos distintos a la seguridad del servicio.

– Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del bono social eléctrico a los autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducidos sus ingresos en más de un 75%.

F) Planes de pensiones:

– Se autoriza el rescate de aportaciones a planes de pensiones a las personas inmersas en ERTE y a los autónomos que hayan cesado su actividad.

Alberto Peña Torrecilla, Abogado del ICAM